En 1994, Naciones Unidas popularizó el término de seguridad humana, apostando por la predominancia del mismo sobre la seguridad clásica. Este concepto debía guiar las políticas en cuanto a seguridad, y se definía como la “ausencia de miedos” y la “ausencia de necesidades”. Es, a primera vista, una definición muy simple, de solo seis palabras, pero cuyas diferentes implicaciones, muestran una profunda complejidad, cargada de ramificaciones.
La ausencia de miedos relaciona la seguridad con la estabilidad en cuanto a la consecución de necesidades básicas. Implicaría la eliminación del temor de perder la vivienda o el trabajo, además del miedo por el posible daño a la integridad física. Estos temores, necesitarían de un análisis por diferentes variables socio-demográficas. Siguiendo a Thomas, en un estudio sobre la aplicación práctica del concepto, la inseguridad derivaría “directamente de estructuras de poder existentes que determinan quien disfruta el derecho a la seguridad y quien no”. Cada una de estas estructuras -género, poder, nacionalidad, identidad sexual, e incluso edad- con miedos concretos, no extrapolables al total de la población, pero con un importante impacto en toda la sociedad.
Pero en lo que va a centrarse esta reflexión es en la ausencia de necesidades. El hecho de que la seguridad sólo existe en un contexto sin hambre, y dónde las personas disponen de modos de enfrentar las inclemencias climáticas, como un techo o acceso a energía. La seguridad solo sería posible, en definitiva, en una sociedad sin pobreza.
La seguridad solo sería posible, en definitiva, en una sociedad sin pobreza
La pobreza, además de afectar directamente a la población que la padece, está relacionada con otros riesgos para la seguridad, como pueden ser las migraciones o los conflictos entre grupos que compiten por el acceso a recursos. Convierte, además, a la población en más vulnerable a riesgos ambientales, cuyo impacto está creciendo a nivel global.
Para entender esta relación, lo primero que hay que tener claro, es que la pobreza es un término relativo. El primer error en el que se cae, es en definir pobreza como el ingreso por debajo de cierta cantidad, como hace Naciones Unidas. A la hora de medir el cumplimiento del primero de los objetivos del milenio, el de reducir la pobreza extrema y el hambre, mantuvo en 2015 la misma definición que la establecida en el 2000: ingresos inferiores a un dólar o a 1,25 dólares por persona al día, cuando, durante ese tiempo, la situación económica de muchos de los países había modificado considerablemente y, por tanto, también las características viviendo en condiciones de pobreza.
Además de la necesidad de evolucionar el término de pobreza con los cambios de contexto, hay un elemento clave que hace de la consideración relativa de la pobreza una necesidad en el ámbito de la seguridad. El impacto que tiene sobre otros factores, no es exactamente directo, como puede parecer. Es la desigualdad económica, más que la pobreza, el elemento clave.
Caldo de cultivo
La desigualdad económica erosiona la legitimidad del Estado, en especial si la misma viene acompañada de un desigual reparto de la seguridad ofrecida por las autoridades. Crea un contexto de fácil acceso para el crimen organizado o de otros grupos violentos, además de poder derivar en situaciones de fuerte enfrentamiento contra el Gobierno, llevando a situaciones de elevada violencia. Incentiva, además, actitudes de intolerancia, al percibir las capas desfavorecidas que tienen aún menos espacio por competir, incentivando comportamientos extremistas. Este es uno de los pocos riesgos a la seguridad que es claramente tratable. Se conoce cómo afecta, y diferentes medidas cómo atajarlo. Ante esto, los Gobiernos han tomado la decisión consciente de relegar este problema a un segundo plano, condenando a sus países a una situación de inseguridad permanente.
Es necesario que los ciudadanos empecemos a tomar consciencia de que seguridad no se reduce al clásico concepto de mantenimiento de la integridad territorial. Y que si los Gobiernos permiten el incremento sistemático de la desigualdad económica dentro del territorio que gobiernan, están incumpliendo su función básica, la protección de sus ciudadanos.